La vuelta a clase "voluntaria" vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes

En la película El Cabezota, Pedro Pinzalez es un hombre viudo que vive con su hijo Pedrín, de unos siete años de edad, cazando, pescando y cultivando la huerta familiar. Esto le lleva a considerar que enseñar a vivir a su hijo es mejor que cualquier otro tipo de educación, y por ello se niega a llevar a Pedrín a la escuela cuando en 1857 entra en vigor la Ley Moyano, que establecía la obligatoriedad de la primera enseñanza. Que un padre se oponga a que su hijo reciba cualquier tipo de educación es una actitud que nos parece de una necedad que roza lo absurdo, incluso aunque se trate de una historia ambientada en el siglo XIX, pero la realidad en España es que más de un siglo después de que se promulgara la Ley Moyano se seguía sin escolarizar al 100% de los niños y niñas, tanto por oposición de algunas familias como por el hecho de que las administraciones no garantizasen plazas para todos en los colegios.

Hoy el Estado Español es, desde 1978, un estado democrático en el que la educación se considera un derecho fundamental. Este derecho, como tal, viene recogido en la Constitución. El artículo 27 establece que todos tienen derecho a la educación y, además, define de un modo preciso el concepto de educación que habrá de ser aplicado cuando señala que "la educación tendrá pòr objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derecho y libertades fundamentales". Para garantizar ese derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su modificación posterior, la nefasta LOMCE, establecen como obligatorias las etapas de educación primaria (desde los 6 hasta los 12 años) y la secundaria obligatoria (hasta los 16 años).

Es importante señalar que no fue nada fácil conseguir esta obligatoriedad para todos hasta los 16 años. El primer paso importante lo dio la Ley General de Educación de 1970, que posibilitó en la década de los setenta del pasado siglo la escolaridad de la totalidad de la población por primera vez en la historia de España, y que no se discriminara a los niños y niñas a los 10 años, como ocurría con la Ley Moyano. Y no fue hasta 1990 cuando, con una nueva ley, la LOGSE, nuestros gobernantes tomaron la valiente decisión de garantizar que todos los menores de 16 años estén escolarizados independientemente de su condición socioeconómica o del interés que tengan sus progenitores en su educación.

Nunca me he visto en la necesidad de tener que explicar esto a nadie, ni mucho menos de escribir sobre este asunto, hasta que la respuesta que nuestros gobernantes están dando en materia educativa a la pandemia del COVID-19 me ha dejado de piedra. Voy a centrarme en la Comunidad de Madrid, pero en el resto de comunidades autónomas está ocurriendo algo parecido.

Este lunes Madrid entra en fase 2. En esta fase ya se dan las condiciones sanitarias para que los estudiantes puedan volver a clase en pequeños grupos y con medidas de seguridad. No podemos tener todavía a todos nuestros alumnos y alumnas, pero sí a los que más lo necesitan. Por ejemplo, en Secundaria, dado que estamos ahora finalizando el periodo ordinario y dando las calificaciones finales a nuestros estudiantes, tenemos ahora la posibilidad de traer al centro a los suspensos para ayudarles en sus dificultades de aprendizaje y que preparen las pruebas extraordinarias que tendrán lugar a finales de junio para recuperar las materias suspensas. También, aun teniendo en cuenta las medidas de seguridad de distanciamiento social, aforo limitado, etc, tenemos posibilidad física de tener en el centro a estudiantes que, estando aprobados, necesitan refuerzo.

Cuál ha sido mi sorpresa, cuando he leído en la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias de las Instrucciones para el Desarrollo del Tercer Trimestre y Final del Curso que en esas sesiones de refuerzo, tanto en primaria como en secundaria, "la asistencia de los alumnos será voluntaria", así, a secas.

¿Qué se entiende por "voluntario" cuando nos referimos a una actividad que realizan menores de edad? Sencillamente, que llevar al niño al colegio o al instituto es una actividad voluntaria para sus progenitores. Son las familias las que deciden si el crío va o no a clase. Algunas dirán que sí, otras que les gustaría pero que de momento el niño seguirá en casa porque siguen con mucho miedo al covid-19, y otras directamente dirán como Pedro Pinzález que para qué va a ir su hijo al colegio.

Rocío Albert López-Ibor y María Pilar Ponce Velasco, que son las dos viceconsejeras que firman la resolución, y sus superiores, el consejero de Educación Enrique Ossorio Crespo y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, olvidan que el derecho a asistir a la escuela no es un derecho que tienen los padres y madres para que alguien les cuide al crío mientras ellos trabajan. Es un derecho que tiene el menor. En palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, "estamos hablando de algo troncal y esto es un derecho integral, fundamental y constitucional del alumno, no de los padres a decidir sobre el alumno o la alumna.". "Los padres tienen derecho a elegir un tipo de educación, pero no a hurtarle al alumno la capacidad para educarse de una manera completa". Permitir que las familias puedan decidir que su hijo no va a clase "vulnera el derecho a la educación del alumno". Desgraciadamente, estas palabras la ministra de Educación las pronunció refiriéndose al intolerable veto parental que los partidos de derecha y extrema derecha quieren tener establecido en algunas comunidades autónomas, y no parece que tenga neuronas suficientes para darse cuenta de que este mismo principio democrático se tiene que aplicar en la desescalada del Estado de Alarma por el COVID-19. El ministerio de educación está permitiendo que las comunidades autónomas cometan este atropello a los derechos de nuestros menores al establecer la vuelta a clase como "voluntaria".

En estos momentos tenemos miles de alumnos en la Comunidad de Madrid, y también en el resto de España, que están completamente desatendidos por sus familias en materia educativa. Son alumnos que, aunque en clase presencial muchos sí trabajaban, no han realizado ninguna o casi ninguna de las actividades online que hemos diseñado para ellos en lo que llevamos de Estado de Alarma por diversos motivos, entre los que no sólo está la falta de equipos informáticos o de conexión a internet, sino también el mal ambiente en casa para trabajar y la ausencia en ese lugar de ayuda y supervisión por parte de un adulto con formación. Algunos están viviendo en casa un auténtico infierno y volver a clase daría a sus vidas la estabilidad y el apoyo que necesitan. Las niñas, niños y adolescentes en esta situación no tienen la culpa de lo que están viviendo. Tampoco tienen la culpa de que sus progenitores decidan no traerlos a clase. Lo que sí tienen estos menores es el derecho a venir a la escuela, algo que necesitan más que nadie, y nosotros se lo estamos negando por necios.