La vuelta a clase "voluntaria" vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes

En la película El Cabezota, Pedro Pinzalez es un hombre viudo que vive con su hijo Pedrín, de unos siete años de edad, cazando, pescando y cultivando la huerta familiar. Esto le lleva a considerar que enseñar a vivir a su hijo es mejor que cualquier otro tipo de educación, y por ello se niega a llevar a Pedrín a la escuela cuando en 1857 entra en vigor la Ley Moyano, que establecía la obligatoriedad de la primera enseñanza. Que un padre se oponga a que su hijo reciba cualquier tipo de educación es una actitud que nos parece de una necedad que roza lo absurdo, incluso aunque se trate de una historia ambientada en el siglo XIX, pero la realidad en España es que más de un siglo después de que se promulgara la Ley Moyano se seguía sin escolarizar al 100% de los niños y niñas, tanto por oposición de algunas familias como por el hecho de que las administraciones no garantizasen plazas para todos en los colegios.

Hoy el Estado Español es, desde 1978, un estado democrático en el que la educación se considera un derecho fundamental. Este derecho, como tal, viene recogido en la Constitución. El artículo 27 establece que todos tienen derecho a la educación y, además, define de un modo preciso el concepto de educación que habrá de ser aplicado cuando señala que "la educación tendrá pòr objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derecho y libertades fundamentales". Para garantizar ese derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su modificación posterior, la nefasta LOMCE, establecen como obligatorias las etapas de educación primaria (desde los 6 hasta los 12 años) y la secundaria obligatoria (hasta los 16 años).

Es importante señalar que no fue nada fácil conseguir esta obligatoriedad para todos hasta los 16 años. El primer paso importante lo dio la Ley General de Educación de 1970, que posibilitó en la década de los setenta del pasado siglo la escolaridad de la totalidad de la población por primera vez en la historia de España, y que no se discriminara a los niños y niñas a los 10 años, como ocurría con la Ley Moyano. Y no fue hasta 1990 cuando, con una nueva ley, la LOGSE, nuestros gobernantes tomaron la valiente decisión de garantizar que todos los menores de 16 años estén escolarizados independientemente de su condición socioeconómica o del interés que tengan sus progenitores en su educación.

Nunca me he visto en la necesidad de tener que explicar esto a nadie, ni mucho menos de escribir sobre este asunto, hasta que la respuesta que nuestros gobernantes están dando en materia educativa a la pandemia del COVID-19 me ha dejado de piedra. Voy a centrarme en la Comunidad de Madrid, pero en el resto de comunidades autónomas está ocurriendo algo parecido.